Hotelera Río de la Plata S.A.C.I. c/ Buenos Aires, Provincia de s/restitución de dólares
DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL Suprema Corte:Con los estatutos sociales de la actora acompañados a fs. 4 ha quedado acreditada su distinta vecindad respecto de la Provincia de Buenos Aires. Como consecuencia de ello y del carácter civil de la causa, su conocimiento compete a V.E. en forma originaria (arts. 100 y 101 de la Constitución Nacional y 24, inc. 19, del decreto ley 1.285/58). Buenos Aires, 28 de abril de 1983. Mario Justo López.
FALLO DE LA CORTE SUPREMA Buenos Aires, 4 de junio de 1985.
Vistos los autos: "Hotelera Río de la Plata S.A.C.I. c/ Buenos Aires, Provincia de s/restitución de dólares", de los que Resulta: 1) Se presenta a fs. 20/36 Hotelera Río de la Plata S.A.C.I. y promueve demanda contra la Provincia de Buenos Aires por restitución de u$s 316.638 o más o menos lo que resulte de la prueba, con sus frutos e intereses compensatorios y moratorios, y costas. Dice que fue demandada por ante el Tribunal del Trabajo N° 1 de la ciudad de Mar del Plata en los autos "Núñez: Tito Mario y otros c/Hotelera Río de la Plata S.A.C.I. s/indemnización por despido", proceso en el cual el 30 de agosto de 1979 el mencionado tribunal la condenó al pago de la suma de $ 308.226..306, incrementada a $ 365.001.589 con la liquidación de intereses y tasa judicial. Que para acceder a los recursos extraordinarios interpuestos para ante el superior tribunal local, en cumplimiento 'de normas procesales depositó a embargo el 11 de octubre de 1979 el equivalente de la suma indicada en Bonos Externos, a lo que el tribunal dispuso librar oficio al Banco de la Provincia para que efectuara su depósito y guarda. Que practicadas las regulaciones de honorarios, el 27 de noviembre del mismo año depositó el equivalente de $ 94.850.000, también en Bonos Externos, lo que dio lugar a la misma decisión. Refiere Juego las alternativas de los recursos extraordinarios deducidos en la causa hasta la decisión final del pleito.. Expresa que el 4 de junio de 1982 recibió la notificación del traslado de un informe del Banco de la Provincia, que transcribe, así como su contestación y el nuevo informe bancario ante el cual manifestó que no advertía su relación con el depósito realizado y formulaba reserva de reclamar la restitución de los valores depositados, o en su defecto la pertinente indemnización. Que, practicada la liquidación definitiva, efectuó el correspondiente pago requirió devolución de los bonos, a lo que el tribunal ordenó el reintegro del saldo de la cuenta y los valores existentes, de lo que deriva la imposibilidad de cumplir la restitución debida. Añade que requirió informe del Banco sobre el destino de los bonos, lo que le permitió enterarse de que ellos habían sido convertidos a moneda argentina en virtud de oficio del 11 de octubre de 1979 librado por el presidente del tribunal, Dr. Carlos César Aronna, lo que no estaba ordenado por aquél. Sostiene que ése acto constituyó una disposición de bienes de cuya propiedad no se había desprendido, señalando la diferencia entre la suma depositada en la cuenta abierta y el valor que se obtendría de la negociación actual de los bonos. Hace referencia a las características de los títulos depositados ya la naturaleza jurídica de su depósito bancario, y reitera luego que la resolución que ordenó la conversión es un acto ilícito ( arts. 1066, 1067, 1068 y 1069 y concs. del Código Civil) y constituye un ejercicio irregular de sus funciones legales por parte del magistrado ( art. 1112, (;ód. cit. ) , con todos los efectos que ello supone desde el punto de vista de la responsabilidad extracontractual. También alude a las reglas del contrato de depósito, que juzga aplicables a este caso de depósito judicial, por lo que estima que media un caso singular de acumulación de las responsabilidades contractual y extracontractual, que invoca conjuntamente. Funda jurídicamente la responsabilidad del Estado provincial y precisa el objeto de la acción. 2) A fs. 91/95 se presenta la Provincia de Buenos Aires y opone las defensas de prescripción, cosa juzgada, litispendencia, incompetencia y falta de acción. Funda la primera en el art. 4037 del Código Civil y jurisprudencia del Tribunal, sosteniendo que la actora tuvo conocimiento de la comisión del supuesto hecho ilícito mediante el oficio librado por el magistrado, lo que habría ocurrido a más tardar al solicitar testimonio de esa y otras actuaciones -fs. 759 del expediente del fuero laboral-, época desde la cual se cumplió el plazo bienal de la mencionada disposición legal. La defensa de cosa juzgada la basa en la resolución de fs. 882 del mismo expediente, que denegó la restitución pedida. La litispendencia, en la existencia del indicado proceso laboral. La incompetencia en igual motivo. y la falta de acción, en la necesidad de incorporar el proceso al magistrado imputado, lo que sería imposible en razón de que para ello sería menester su previa destitución mediante juicio político. 3) A fs. 98/104 la parte actora contesta las excepciones, ya fs. 1.05 --resolución confirmada a fs. 164-,se desestiman las de cosa juzgada y litispendencia. 4) A fs. 149/57 la provincia contesta la demanda. Niega los hechos relatados en ésta. Considera legítima la actuación del presidente del tribunal del trabajo marplatense, al afirmar que el Banco de la Provincia sólo está obligado a recibir depósitos en moneda de curso legal, que la recepción de los de otro tipo es Un hecho extraordinario, que el art. 56 de la ley 7.718 exige depósito del capital, intereses y cos- tas para conceder recursos contra la sentencia condenatoria, que la actora guardó silencio sobre la percepción de rentas y amortizaciones, que si el tribunal hubiera ordenado el depósito liso y llano habría perjudicado a aquélla pues se habría producido la prescripción del derecho al cobro de amortizaciones y servicios, y que si se depositaba aIgo distinto de la moneda legal, se habría presentado una situación anormal a la que debía ponerse fin cuanto antes. Sostiene que la depositante consintió con su silencio las actuaciones producidas, y que posteriormente no evitó las conversiones a pesar de poder hacerlo. Afirma también que .1os actos de un magistrado en ejercicio de sus funciones no pueden ser considerados ilegítimos mientras conserve su investidura, y qué la Corte carece de competencia para poner en tela de juicio la legitimidad de los actos de los magistrados provinciales. Imputa ambigüedad a la parte actora en el encuadramiento jurídico del caso. Sostiene que en el caso no hubo depósito sino cumplimiento de una condena mediante un pago sujeto a condición suspensiva, insiste en la prescripción de la acción, rechaza la responsabilidad del Estado por actos judiciales, imputa culpa ala actora por su diligencia y despreocupación con respecto al destino de los bonos depositados, cuya suerte dice que debió haber atendido, e invoca el consentimiento y la preclusión, así como en último extremo la culpa concurrente de la actora. Pide el rechazo de la demanda, con costas. Considerando : 1) Que el presente juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema ( arts. 100 y 101 de la Constitución) . 2) Que corresponde el tratamiento, tal como se decidió a fs. 164, de la defensa de prescripción opuesta por la demandada con fundamento en lo que dispone el art. 4037 del Código Civil. A ese respecto, la demandada sostiene que el curso del plazo bienal establecido en el referido artículo comenzó a partir del escrito de fs. 759 del juicio laboral, en el cual la allí demandada solicitó la formación de incidente de ejecución de sentencia y la expedición a tal fin de testimonios de diversas piezas, entre ellas el oficio mediante el cual se ordenó la conversión de los Bonos Externos a moneda argentina. A su vez la actora afirma que su demanda pretende el cumplimiento de una obligación de restituir preexistente al acto ilicito invocado que imposibilita su ejecución, circunstancia' en la cual son aplicables acumulativamente las normas sobre responsabilidad aquiliana y contractual; que la acción de restitución sólo quedó expedita una vez dictada la sentencia que concluyó definitivamente la causa -fines de 1982- y la resolución que denegó la restitución -11 de marzo de 1983- por lo que el plazo bienal no estaría cumplido; que no tuvo conocimiento efectivo del acto ilícito cuando solicitó la expedición de copias, sino cuando el tribunal le llegó la restitución de los bonos y ordenó la entrega de moneda argentina; y que en el' peor de los casos, el curso de la prescripción habría quedado suspendido por el plazo de un año por la interpelación resultante de los escritos de fs. 110 y 116 del incidente de ejecución de sentencia. 3) Que, independientemente de que sería dudosa la aplicación a depósito que motiva este proceso de la norma del art. 2185, inc. 2, del Código Civil, la causa deducida no tiene su origen en la responsabilidad del depositario -que, en el caso, habría sido el Banco de la Provincia de Buenos Aires- sino en una orden irregular impartida por un magistrado del Poder Judicial de la misma provincia, por la cual se pretende hacer efectiva la responsabilidad de ésta. Por tanto, no se trata de un supuesto de responsabilidad contractual que haga aplicable el plazo de prescripción decenal del art. 4.023 del Código Civil. 4) Que, en consecuencia, el sub lite está regido por el plazo bienal que para la responsabilidad civil extracontractual fija el art. 4037 del citado Código. En general, el Tribunal ha establecido que en esas situaciones, el curso del plazo debe computarse a partir del momento en que el perjudicado tomó conocimiento del hecho ilícito y del daño proveniente de él (Fallos: 289:267; 293:347 -voto de la mayoría-; 295: 168) , y que ese conocimiento no requiere noticia subjetiva o rigurosa sino que se satisface con una razonable posibilidad de información, toda vez que la prescripción no puede sujetarse a la discreción del acreedor, supliendo, incluso, su propia inactividad (Fallos: 256:87; 259:261; 293:347 -voto de la mayoría-). Sin embargo, en el caso de Fallos: 303:384, ha señalado que dicho conocimiento debe ser efectivo, con lo que precisó la doctrina que había sido esbozada en la disidencia de los Dres. Bercaitz y Ramella en Fallos: 293:347, en cuyo considerando 7 se tomó como punto de partida el conocimiento real y efectivo del hecho ilícito obtenido mediante informes del Registro de la Propiedad que aclaraban una situación confusamente planteada, los que sólo entonces permitieron conocer la anomalía del irregular comportamiento administrativo. Con el indicado criterio --que el Tribunal, en su actual composición, comparte- no puede estimarse que el conocimiento efectivo de la irregularidad y del consiguiente daño haya sido tomado por la aquí actora por el sólo hecho de haber solicitado la expedición de copias de diversas actuaciones -entre ellas, el oficio librado al Banco de la Provincia cuya copia carbónica corre a fs. 712 del juicio laboral, de fecha un día anterior a la providencia que lo ordenaba (fs. 694, III) y que incluía una orden de conversión a moneda argentina que no había sido expedida con el fin de formar incidente de ejecución de sentencja que permitiese elevar la causa principal a la Suprema Corte provincial para la sustanciación de los recursos extraordinarios locales que habían sido concedidos. Es obvio que esa mención, en el dorso de una copia carbónica de un oficio, pudo pasar inadvertida al solicitante, a quien, por ese medio, podría considerárselo notificado de las resoluciones judiciales que estuviesen contenidas en lás actuaciones fotocopiadas, mas no en conocimiento efectivo de la comunicación irregular que motiva el daño. Corrobora el desconocimiento del hecho la actividad posterior de la allí demandada, especialmente la actitud asumida a partir de la notificación de fs. 4 del incidente de destino de fondos ( ver especialmente, contestación de fs. 5/6, reserva de derechos de fs. 28, pedido de resolución de fs. 881 del principal), que permite afirmar que no hubo inactividad o negligencia de su parte, sino sorpresa frente a la ejecución de una orden que no había sido legalmente impartida. . En el caso el conocimiento efectivo de la irregularidad puede tenerse habido, a lo sumo, con el traslado del informe bancario obrante a fs. 1 del incidente de destino dc fondos, que fue notificado el 4 de junio de 1982 (fs. 4, incidente citado) , de manera que el plazo legal no estaba cumplido al promoverse esta demanda ( cargo de fs. 3.6 vta. ) , lo que determina la improcedencia de la prescripción invocada. 5) Que, en cuanto a la defensa de falta de acción basada en la falta de ;intervención en el proceso del magistrado que habría cometido el hecho dañoso, y la imposibilidad de traerlo a juicio en tanto no sea separado de su cargo mediante enjuiciamiento político su falta de fundamentos es palmaria. La demanda contra el Estado provincial tiene por base su responsabilidad por los hechos ilícitos de sus funcionarios, a la cual no obsta que sea concurrentemente responsable éste, y no existe prescripción legal alguna que establezca que en las demandas de resarcimiento contra uno de los responsables sea menester deducir también la pretensión contra quien lo es de manera concurrente. 6) ,Que de las constancias del expediente "Núñez, Tito Mario y otros c/ Hotelera Río de la Plata s/indemnización por despido", .venido del Tribunal del Trabajo N9 1 de la ciudad de Mar del Plata, resulta que el 11 de octubre de 1980 la demandada -a fin de dar cumplimiento al art. 59 de la ley local 7718, que para la interposición de recursos extraordinarios contra la sentencia condenatoria dictada en instancia única exige el previo depósito del capital, intereses y costas- acompañó Bonos Externos de la Nación Argentina por un valor según cotización de $ 365.937.000 (fs. 690vta.). Al día siguiente se dictó la resolución de fs. 694 vta., en cuyo punto IV se ordenó librar oficio al Banco de la Provincia, Sucursal Tribunales, a fin de que efectuara el depósito y guarda en esa institución de los bonos externos acompaña- dos por la demandada. Sin embargo, el mismo día del depósito, esto es, antes. de que el tribunal dictase la orden de depósito, su presidente había librado el oficio cuya copia corre a fs. 712, mediante el cual se instruyó al banco para que en caso de pagarse en moneda extranjera las rentas o los posibles rescates, se procediese a su conversión a moneda nacional y depósito a la .orden del tribunal. La orden fue cumplida, depositándose en la cuenta del juicio los importes en moneda argentina correspondientes a la conversión de los valores que habían sido depositados ( informe del Banco de la Provincia de fs. 9/11 del. incidente de destino de fondos) . 7) Que, en tales condiciones, es evidente la irregularidad de 'la orden impartida por el presidente del tribunal al banco, así como el perjuicio que para la actora deriva de ese hecho. El oficio fue librado antes de haber sido ordenado por el tribunal, y en él se incluyó una orden de conversión de moneda extranjera a moneda argentina que no había sido dispuesta ni lo fue después, y que el depositante, por tanto, nunca pudo consentir. El daño producido resulta del. mero hecho de la ulterior depreciación de la moneda del país, que frustró la intención de la depositante de proteger el valor de su depósito mediante el lícito recurso de efectuarlo en valores emitidos en moneda extranjera por el Estado Nacional. 8) Que, de tal modo, es responsable -la provincia por la orden- irregularmente impartida por uno de los magistrados integrantes de su Poder Judicial, toda vez que ella implicó el cumplimiento defectuoso de funciones que le son propias. En ese sentido, cabe recordar lo ex- presado en Fallos: 182:5, donde el Tribunal sostuvo que "quien con- trae la obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido, siendo responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su irregular ejecución". Esa idea objetiva de la falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación por vía subsidiaria del art. 1112 del Código Civil que establece un régimen de responsabilidad "por los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas". Ello pone en juego la responsabilidad extracontractual del Estado en el ámbito del derecho público, la cual no precisa, como fundamento de derecho positivo, recurrir al art. 1113 del Código Civil al que han remitido desde antiguo, exclusiva o concurrentemente, sentencias anteriores de esta Corte en doctrina que sus actuales integrantes no comparten (ver Fallos: 259:261; 270:404; 178:224; 288:362; 290:71; 300: 867) .En efecto, no se trata de una responsabilidad indirecta la que en el caso se compromete, toda vez que la actividad de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que dependen, ha de ser considerada propia de éstas, que deben responder de modo principal y directo por sus consecuencias dañosas. 9) Que, contrariamente a lo expuesto, al contestar la demanda sostiene la provincia que los depósitos judiciales deben hacerse en moneda de curso legal, que el Banco de la Provincia no está obligado aprestar más servicio gratuito que el de recibir depósitos judiciales a la vista, por la que todo otro que se haga es extraordinario, que el arto 56 de la ley 7718 obliga al depósito, que al efectuarlo en Bonos Externos la actora guardó silencio en cuanto a la percepción de rentas y amortizaciones, que si se hubieran guardado los bonos en caja de seguridad se habría perjudicado a aquélla por el cumplimiento del plazo de prescripción fijado para su cobro, que no es objetable la conversión ordenada por cuanto la anormal situación debía terminar lo antes posible, que el Banco de la Provincia no podía mantener indefinidamente una cuenta en dólares por no tener depósitos en esa moneda, que el banco debía cobrar sus comisiones, y que si se aceptó el depósito en títulos fue por la susceptibilidad de ser convertidos en pesos, ya que la condena era a pagar pesos y no dólares. 10) Que las objeciones de la demandada relativas a la realización del depósito en Bonos Externos en lugar de dinero nacional, carecen de eficacia frente a la resolución dictada por el Tribunal del Trabajo a fs. 702/3 del expediente respectivo, en la cual confirmó la de fs. 694 sobre la base de que el art. 280 del código procesal local autoriza a sustituir el depósito en dinero por su equivalente en títulos o valores. En cuanto a la discusión sobre la existencia de obligación del banco de tener en custodia los valores, y en caso afirmativo si la custodia es gratuita u onerosa, resulta privada de sentido si se atiende a que el depósito de valores fue ordenado y aceptado por la institución bancaria, y que no se advierte la existencia de orden incumplida de efectuar la interesada el pago de los gastos de cualquier índole a que diera lugar la custodia. Tampoco modifica la solución el silencio que hubiera guardado la actora respecto al destino de rentas y amortizaciones, pues la falta de instrucciones al respecto no puede interpretarse como consentimiento de la conversión de dólares en moneda argentina. Igualmente carente de trascendencia resulta la posibilidad o imposibilidad del banco de mantener en .depósito los dólares, ya que en todo caso la situación debió haber sido resuelta con conocimiento de la parte interesada a fin de brindarle la ocasión de recurrir a las medidas que hubieran sido pertinentes a fin de evitarse daños. En cuanto a lo que se refiere al hipotético perjuicio que habría podido sufrir la actora por la prescripción de derecho al cobro de los intereses, amortizaciones y rescates, se trata de una conjetura sin apoyo en los antecedentes del caso. En primer lugar, porque los vencimientos se habrían operado a partir de 1981, y regida la materia por la prescripción trienal (arts. 8, inc. 4, 451 y 848, inc. 2, del Código de Comercio) , el plazo respectivo habría vencido mucho tiempo después del momento en que llegó a conocimiento de Ia damnificada la situación y reclamó la restitución de los bonos depositados. En segundo término, porque no se trataba de que el banco no percibiera los importes respectivos -pagaderos en dólares billetes- sino de que no los convirtiera a moneda argentina dejándolos en un depósito a la vista, dada la irremediable pérdida de valor que de tal modo fatalmente se produciría en una época de continua y acentuada depreciación del signo monetario nacional.
Por ello, en virtud de lo expuesto, y lo prescripto en los arts. 1083, 617, 505 y 508 del Código Civil, se decide: Condenar a la Provincia de Buenos Aires a hacer entrega a Hotelera Río de la Plata S.A,C.I. de la cantidad de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica que hayan sido percibidos por el Banco de la Provincia. de Buenos Aires en concepto de rescates, amortizaciones e intereses de los Bonos Externos de 'la Nación Argentina depositados por la actora, y que no se encuentren aún depositados en especie en dicha institución bancaria, con sus intereses a la tasa del 8 % anual desde el día de la percepción hasta el del pago, o su equivalente en moneda argentina según la cotización tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina al día del pago. Con costas. JOSÉ SEVERO CABALLERO -AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO -CARLOS S. FAYT (en disidencia) -ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI -JORGE ANTONIO BACQUÉ.
DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT
Resulta: 1) A fs. 20/36 se presenta la parte actora. Dice que fue demandada ante el Tribunal del Trabajo N° 1, de la ciudad de Mar del Plata, que la condenó al pago de $ 36.500, y que para recurrir ante la Suprema Corte de la provincia y dar cumplimiento a las normas procesales pertinentes (art. 56, ley 7718) depositó el equivalente de esa suma en Bonos Externos, series 1975 y 1976, que guarda en el Banco de Ia Provincia, como dispuso el tribunal mencionado. Practicada la regulación de los honorarios de los abogados y peritos intervinientes, se formó un incidente de embargo preventivo de resultas del cual se le intimó ofrecer bienes a embargo por un saldo no cubierto por el depósito antedicho, lo que satisfizo mediante un nuevo depósito, también de Bonos Externos, series 1976 y 1977. Interin, el superior tribunal local dictó sentencia revocando parcialmente la anterior y limitando de manera sustancial el monto de la condena. Devuelto el expediente al juzgado de origen, tomó conocimiento de la interposición de una queja por denegación del recurso extraordinario de la ley 48, por lo que procedió' .a requerir la formación de otro incidente para obtener la restitución de los valores depositados y evitar así cualquier dilación en el trámite. Al mismo tiempo, ingresó el monto de la condena reducido por la sentencia ya recordada. El 4 de junio de 1982 -continúa- recibió una notificación en la que se le hacía saber la presentación de un informe del Banco de ]a Provincia por el que se comunicaba que había depositados u$s 6.382 correspondientes a rentas de los títulos sin destino y la existencia de un saldo de $ 85.169. Ante tales circunstancias, que califica de insólitas, sostuvo que -el depósito de títulos suscriptos y pagaderos en dólares tenía. como objeto preservar su significación patrimonial de la depreciación de la moneda nacional, que constituyó un depósito regular que el depositario debía restituir en iguales valores y otras consideraciones complementarias. Se produjeron nuevos informes de la institución bancaria y finalmente, liberados los títulos, solicitó la restitución que el tribunal proveyó favorablemente con relación al saldo existente en la cuenta 9200/6 y los valores en custodia por u$s 6.000 y 472, ambos en concepto de rentas. En esos términos, pidió al banco información sobre el destino de los bonos y pudo enterarse de que ese organismo había percibido, en concepto de servicios de amortización y rentas, la suma de u$s 316.638 equivalente al valor de los papeles que fueron totalmente amortizados. También se le hizo saber, y aquí encuentra el meollo de la cuestión en litigio, que esa cantidad con la salvedad de u$s 6.382 había sido con- vertida en pesos argentinos de conformidad con lo ordenado en el oficio librado por el presidente del Tribunal del Trabajo doctor Aronna el 11 de octubre de 1979; en el cual, a más de disponer el depósito y guarda de los bonos, se autorizaba la conversión del monto y sus rentas en moneda nacional. Esa decisión fue tomada con la sola firma del citado magistrado y mediante un acto de disposición sobre bienes cuya propiedad la actora conservaba. Ello de setiembre de 1982 -agrega sobre el particular- un nuevo oficio desautorizó esa medida, lo que indicaría la advertencia del error cometido. La "inconsulta e infundada conversión", como la califica, impidió al tribunal restituir los títulos depositados y le ha ocasionado un perjuicio evidente, resultado del acto del doctor Aronna "irregular e ilícito" (ver fs. 25 in fine). Hace referencia a las características de los títulos de marras ya la naturaleza jurídica de su depósito bancario y reitera luego que la resolución que ordenó la conversión es "un acto ilícito" (arts. 1066, 1067, 1068, 1069 y concs., del Código Civil) y constituye "específica- mente un ejercicio irregular de las funciones legales por parte del magistrado" (art. 1112, Código Civil) con todos los efectos que ello "SU- pone desde el punto de vista de la responsabilidad extracontractual (fs. 30) .También alude a las reglas del depósito y de allí extrae la conclusión de que se trata de un caso singular en el que coexiste aquélla con otra de origen contractual. Finalmente, cita doctrina y jurisprudencia, en especial, fallos de esta Corte que han reconocido la responsabilidad del Estado por los actos de sus funcionarios. 2) A fs. 91/95 la Provincia de Buenos Aires se presel1ta y opone las defensas de prescripción, cosa juzgada litisdependencia, incompetencia y falta de acción. Funda la primera en el art. 4037 del Código Civil y jurisprudencia del Tribunal y sostiene que habida cuenta de que el reclamo de la parte actora encuentra sustento en la presunta comisión de un hecho ilícito por parte de un juez de la provincia, es evidente que tuvo conocimiento de tal circunstancia a partir del libramiento del oficio ordenado por el magistrado, lo que ocurrió a más tardar "cuando pidió testimonio del mismo a tenor del escrito que en fotocopia acompaño, titulado solicito formación del incidente:, el cual obra a fs. 759 de los autos: "Núñez, Tito Mario y otros c/Hotelera Río de la Plata s/indemnización". Consiguientemente, a la fecha del pedido de restitución de los bonos, en febrero de 1983, habían transcurrido más de dos años. A fs. 105 se desestiman las excepciones de cosa juzgada y litispendencia, resolución confirmada a fs. 164 donde se tuvo presente para su oportunidad las restantes. A fs. 149/157 la provincia contesta demanda. Tras una negativa general de los hechos invocados, formula consideraciones sobre la conducta asumida por la actora, sus fundamentos jurídicos y los alcances de la responsabilidad del Estado. Considerando : 1) Que el presente juicio es de la competencia originaria de la Corte Suprema (arts. 100 y 101 de la Constitución). 2) Que corresponde el tratamiento, tal como se decidió a fs. 164, de la defensa de prescripción opuesta por la demandada con fundamento en lo que dispone el art. 4037 de! Código Civil. 3) Que a lo largo de su escrito de iniciación, la parte actora ha destacado como sustento de su reclamo, al carácter "irregular e ilícito" de la resolución firmada por el magistrado interviniente que autorizó la conversión del valor de los Bonos Externos a pesos argentinos ( en ese sentido, ver fs. 25 in fine, fs. 30), lo que reafirmó en el capítulo V donde se refirió a la responsabilidad del Estado comprometida por "un acto ilegítimo de un magistrado judicial en el ejercicio de sus funciones" (fs. 30 vta.). Se trata, por lo tanto, de la responsabilidad extracontractual del estado provocada por la actividad de uno de sus órganos. 4) Que esta Corte tiene establecido que para la aplicación del plazo de prescripción previsto en el art. 4037 del Código Civil no cabe actualmente --a diferencia de lo que ocurría estando vigente el texto primitivo de esa norma- "distinguir los supuestos en los cuales las consecuencias dañosas son producto de la actividad lícita o ilícita del poder público (Fallos: 300: 143) .Tal doctrina cubre así las dudas que podría suscitar el carácter de la conducta asumida por el funcionario interviniente y fija, sin lugar a dudas, el plazo de prescripción aplicable. 5) Que también ha dicho el Tribunal que en situaciones similares, el comienzo del plazo debe computarse a partir del momento en que el perjudicado tomó conocimiento del hecho ilícito y del daño proveniente en él (Fallos: 289:267; 293:347,; 295:168) y que ese cono- cimiento no requiere noticia subjetiva o rigurosa sino que se satisface , con una razonable posibilidad de información (Fallos: 256: 87; 259: 261; 293:347). Con tales presupuestos, debe resolverse la cuestión suscitada en este caso. ; 6) Que de las constancias del expediente "Núñez, Tito Mario y otros c/Hotelera Río de la Plata,.S.A.C.I.", agregado por cuerda, surge que el Tribunal del Trabajo N° 1 de la ciudad de Mar del Plata, por intermedio de su presidente, doctor Carlos César Aronna, libró oficio al Banco de la Provincia autorizando la conversión de los Bonos Externos a moneda argentina el 11 de octubre de 1979, dejándose en autos la copia que corre a fs. 712. De esas actuaciones asimismo se desprende que después de algunas intervenciones de la parte actora, ésta solicitó, el 7 de octubre de 1980, la expedición de un testimonio de varias piezas del expediente entre las que figuraba la copia del referido oficio, justificándola en que "el interés de mi parte que funda esta petición es evitar que mediante una suspensión de los trámites" -se refería a los que derivarían del envío de los autos a esta Corte en atención al recurso interpuesto por la contraparte- "se incrementen los rubros adeudados ya la vez, que continúe bloqueado el depósito de títulos oportunamente efectuado. .." (ver fs. 759). í 7) Que esa participación en el proceso supone un evidente cocimiento de la decisión que hoy se invoca como fundamento del perjuicio, que apreciado con los alcances de los ya recordados precedentes de esta Corte, conduce a la admisión de la defensa invocada. Por ello, se decide: Hacer lugar a la prescripción y rechazar la demanda. Costas por su orden (Fallos: 277:225; 294:284).CARLOS S. FAY
